Mes corto
Este mes la vida judicial se tomó dos semanas de vacaciones, sin embargo, esto no significa que ministros, jueces y magistrados no fijen una agenda importante con las resoluciones que emitieron y las que vienen. Aquí algunas de ellas:
El conflicto del INAI
El proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que pretendía mantener paralizado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), fracasó en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A pesar de ello, continúa la disfuncionalidad del INAI pues los ministros deben debatir un nuevo proyecto, que realizará y podría presentar en estas semanas el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, para definir si es posible habilitar al Instituto para que sesione con cuatro comisionados en lo que el Senado designa a los faltantes.
Durante la sesión del13 de julio una mayoría de ministros coincidió en que el Senado incurrió en una omisión injustificada que afecta la integración del INAI e impide su correcto funcionamiento al no contar con el quórum legal (5 comisionados) para sesionar.
El tema ha dado para posiciones interesantes: el ministro Arturo Zaldívar votó por declarar que el Senado no fue omiso, mas propuso habilitar al INAI para que continúe funcionando con los 4 comisionados que tiene ahora en el cargo, y exhortar a los senadores a dar celeridad a la designación de los faltantes.
Se cae caso de supuesto fraude al Infonavit
El caso del supuesto fraude al Infonavit por el que la empresa Telra Investments y sus dueños, Rafael y Teófilo Zaga Tawil, fueron acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) comienza a desmoronarse.
El pasado 13 de julio el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México canceló las órdenes de aprehensiónemitidas contra Rafael Zaga Tawil y su hijo, Elías Zaga Hanono, por el supuesto fraude de 5 mil millones de pesos (mdp).
La acusación fue armada en 2019 contra los Zaga Tawil cuando el exdirector del Infonavit, David Penchyna afirmó que funcionarios de dicho instituto firmaron un contrato inconstitucional con Telra Investments para desarrollar una plataforma de movilidad inmobiliaria que implicaría una ganancia para la empresa de 30 mil mdp.
Cuando Penchyna decidió rescindir el contrato la empresa pidió su indemnización que, de 15 mil 700 mdpterminó en un pago de 4 mil 800 millones de pesos por daños y perjuicios más 100 millones por derechos de propiedad intelectual.
Aunque los 100 mdp nunca fueron pagados y el gobierno federal afirmó que la indemnización fue un fraude porque considera que Telra nunca debió recibirla ante la ilegalidad del contrato firmado con el Infonavit.
Los magistrados que cancelaron las órdenes contra Zaga Tawil y su hijo, señalaron que el pago fue completamente lícito por lo que esa resolución podrá ser utilizada por la defensa de Teófilo Zaga para solicitar el sobreseimiento del caso en su contra y que recupere su libertad, pues actualmente se encuentra preso en el Altiplano por este asunto.
Lozoya y sus acuerdos reparatorios
Dura clase de derecho procesal penal recibieron la Fiscalía General de la República (FGR), Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el caso contra Emilio Lozoya.
El pasado 18 de julio el juez Gerardo Genaro Alracón López, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte realizó una audiencia en el caso Agronitrogenados en el que Lozoya está acusado de lavado de dinero.
Este asunto está frenado desde el año 2022 porque Lozoya había aceptado firmar un acuerdo reparatorio en el que se comprometía a pagar 3.5 millones de dólares por Agronitrogenados y 7.3 millones de dólares por Odebrecht.
Las cantidades fueron consideradas insuficientes por el presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que en una última mesa de negociación, en la que no participó la FGR, Pemex y UIF exigieron 30 millones de dólares como reparación del daño.
En la audiencia el juez regañó a la FGR por no participar en las negociaciones, cuestionó a Pemex y a UIF las razones para incrementar el monto de la reparación del daño y al no obtener respuesta e incluso ante las afirmaciones de la representante legal de la petrolera de que por tratarse de un acuerdo de voluntades no estaba obligada a justificar el incremento, el juzgador les recordó a todos que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, en los acuerdos reparatorios quien tiene la última palabra es el juez de control.
Esto, debido a que el juez tiene como obligación la de verificar que la cantidad que se exija a un imputado para reparar el daño de un delito sea proporcional y, con ello, evitar que las autoridades fijen cantidades de manera discrecional por razones políticas.
En materia electoral
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó una sentencia con la que se abrió la posibilidad a que las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean impugnadas y revisadas por los ministros a través de controversias constitucionales.
La Segunda Sala de la Corte indicó que aunque las resoluciones del TEPJF son definitivas, si existe un conflicto entre esta instancia y la Cámara de Diputados u otros organismos como la Fiscalía General de la República, estos pueden acudir al Máximo Tribunal en controversias constitucionales para revisar el conflicto planteado.
Anteriormente, las impugnaciones contra las resoluciones del TEPJF se desechaban de manera automática al considerar que esta era la última y máxima instancia en materia electoral.
Sin embargo, con la resolución de la Corte los ministros indicaron que el tribunal constitucional está facultado para analizar si las sentencias del TEPJF fueron emitidas en el marco de sus competencias y que los magistrados electorales no se metieron en cuestiones que correspondan a otros poderes del Estado.
Esto, abre la puerta a que las resoluciones que el TEPJF dicte en el marco del proceso electoral próximo a iniciar en septiembre de este año, puedan ser objeto de impugnaciones.
Lo que viene
Durante este agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura (CJF) deberán enviar al Ejecutivo federal sus propuestas de presupuestos de Egresos para el ejercicio 2024 para ser incluidos en el proyecto que el presidente López Obrador debe enviar al Congreso de la Unión a más tardar el próximo 8 de septiembre.
En esta ocasión el ejercicio cobra trascendencia ante la encendida pugna que existe entre los poderes Ejecutivo y la mayoría oficialista en el Legislativo en contra del Judicial, pues puede ser utilizado como instrumento para presionar a la ministra presidenta Norma Piña. Veremos si se traduce en un arma de presión para asuntos que importan al gobierno de AMLO, o si éste lleva a las últimas consecuencias su reclamo de que son un poder donde se abusa del presupuesto.
Si el Legislativo decide no sólo reducir el presupuesto del Poder Judicial sino obligarle a utilizar los fideicomisos que tiene disponibles para sufragar sus gastos, esto puede afectar a la implementación de la reforma laboral pues no pocos de los recursos de esos fideicomisos están destinados a construir los nuevos centros de justicia en la materia, así como dotar a estos del personal necesario.
En todo caso no perder de vista que un arbitrario recorte al Poder Judicial no solo atropella el derecho de éste a proponer su gasto, sino que más allá de afectar a la Corte en realidad podría impactar en el desempeño de miles de trabajadores, incluidos jueces y magistrados, antes que en la operación de los 11 ministros.
Ante el rápido ascenso en la popularidad de la panista Xóchitl Gálvez el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un “mensaje al aire” durante una de sus conferencias matutinas en el que afirmó que las finanzas de la aspirante a la candidatura presidencial por la oposición y las de sus empresas deben ser investigada por la FGR.
El empresario Gilberto Lozano se apresuró a presentar una denuncia en su contra por supuestos daños al patrimonio de la nación al afirmar que la senadora se benefició de su posición como servidora pública para que sus empresas recibieran contratos del gobierno federal.
Aunque la denuncia parece no tener pies ni cabeza, puede ser utilizada por la FGR para proceder penalmente contra Gálvez en el inicio del proceso electoral, momento perfecto para “inhabilitarla” de facto para ser candidata presidencial pues hasta ahora es el único personaje de la oposición que ha generado serias reacciones jurídicas y políticas de las filas morenistas. Si la desafueran, bastará que la vinculen a proceso para que pierda sus derechos, y con ello su aspiración a un puesto público.