Pulso Judicial
5 de septiembre de 2023
Choque presupuestal
En el marco de la próxima discusión del presupuesto que ejercerán los entes gubernamentales para 2024, el Poder Judicial de la Federación enfrenta una nueva forma de presión por parte del Ejecutivo y el Legislativo. El proyecto presentado por el PJF a la Secretaría de Hacienda incluye un aumento del 4% al ejercido en 2023, de 78 mil 544 millones de pesos.
En un hecho inédito, la Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cerraron filas con la ministra presidenta Norma Piña para defender este incremento bajo el argumento de que, desde 2018 y hasta este año, el presupuesto global del PJF ha disminuido un En un hecho inédito, la Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cerraron filas con la ministra presidenta Norma Piña para defender este incremento bajo el argumento de que, desde 2018 y hasta este año, el presupuesto global del PJF ha disminuido un 15.4%.
Las principales justificaciones del PJF para este ajuste son: que el TEPJF se encargará el año entrante de resolver las impugnaciones que deriven del proceso electoral próximo a iniciar; que la implementación de la reforma laboral exige la creación de 45 nuevos órganos jurisdiccionales, y que las medidas de seguridad de los juzgadores federales deben ser reforzadas.
La ministra Piña advirtió finalmente que “el debilitamiento de las funciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del estado de derecho”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la petición de aumento del PJF llamando “cínicos” a sus integrantes, y Morena no ha quitado el dedo del renglón del amago de reducir el presupuesto en hasta 25 mil millones de pesos.
En medio de esta polémica la Corte deberá discutir próximamente las controversias constitucionales sobre los libros de texto gratuitos, mientras que los jueces federales tienen en sus manos la resolución de, por lo menos, 2,200 demandas de amparo sobre el mismo tema que ha sido defendido a capa y espada por el mandatario federal.
La secretaría de Hacienda presentará el presupuesto máximo el 8 de septiembre, y el presidente ha dicho que él no va a recortar lo que pidió el PJF pero deslizó que esa es una atribución de las y los diputados. En San Lázaro Morena y sus aliados tienen la mayoría suficiente para decidir cualquier recorte.
Ley de Hidrocarburos
Las empresas del sector energético ya no tendrán que tramitar amparos en contra de la reforma a la Ley de Hidrocarburos impulsada por el actual gobierno.
El pasado 23 de agosto, la Segunda Sala de la Corte declaró inconstitucional la reforma a la Ley de Hidrocarburos impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la cual se eliminaron las reglas de asimetría que la Comisión Reguladora de Energía había impuesto el sexenio pasado a Petróleos Mexicanos para evitar que mantuviera un monopolio en el sector.
Al considerar que esto violaba el artículo 28 Constitucional, un juez federal concedió un amparo a diversas empresas y señaló que al tratarse de una contravención a la Carta Magna se debía dar efectos generales y no solo beneficiar a las quejosas, pues esto provocaría nuevamente una asimetría contraria a los principios de la libre competencia.
Ante ello, el gobierno federal acudió a la Suprema Corte, donde el ministro Javier Laynez Potisek propuso confirmar la sentencia y la declaratoria de inconstitucionalidad realizada por el juez de amparo; por tanto, las empresas que se digan afectadas ya no tendrán que ampararse.
Atención, banqueros
La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una jurisprudencia con la cual se determinó que cuando una persona tiene un cargo indebido en sus cuentas bancarias, los bancos no sólo deben regresar el dinero a los clientes, sino que además deben pagar intereses moratorios.
La resolución entró en vigor el pasado 7 de agosto y es de aplicación obligatoria en todo el país. El criterio fue emitido por la Primera Sala de la Corte que declaró que los bancos tienen la obligación de conservar y devolver el dinero que reciben de los cuentahabientes, por lo que si se realiza un cargo indebido a una tarjeta de débito tendrán que responder por el dinero que le sustrajeron a la persona y si no lo hacen tendrán que pagar los intereses moratorios del 6% anual contabilizados a partir de la fecha en la que el cuentahabiente dio aviso de la disposición no reconocida.
La Corte señaló que los bancos son los responsables del descuido del dinero de los cuentahabientes y que esta responsabilidad surge desde que detecta la indebida disposición y no hasta que exista una resolución que obligue al banco a devolverlo.
Por otro lado, si el banco demuestra que el usuario fue quien realizó el cargo o lo autorizó, podrá cobrarle la cantidad correspondiente y los intereses, si es que fuera el caso.
La FGR vs abogado defensor
El 9 de agosto, el abogado Óscar Zamudio fue vinculado a proceso por el delito de abogados en la modalidad de alegar, a sabiendas, hechos falsos.
La Fiscalía General de la República acusó a Zamudio, abogado de Carlos Treviño, exdirector de Pemex, del citado delito porque presentó una denuncia en contra del fiscal general Alejandro Gertz Manero y el fiscal Juan Ramos por supuestamente torturar a Emilio Lozoya.
Gertz y Ramos habrían, según la acusación de Zamudio, torturado a Lozoya para que éste presentara la denuncia de agosto del 2020 en la que señaló a más de 70 personas por supuestos actos de corrupción.
En la famosa denuncia de Lozoya, en la que están incluidos el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, está señalado Treviño, cliente de Óscar Zamudio.
Tras filtrarse unos audios en los que Gertz Manero y Ramos hablan del caso Lozoya, el abogado de Treviño denunció a ambos funcionarios por tortura sicológica en agravio de Emilio Lozoya padre e hijo. La FGR decidió no investigar. Zamudio impugnó y el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ordenó a la Fiscalía realizar diligencias mínimas sobre lo expuesto en esos audios, pero advirtió que Zamudio no podía utilizar esa denuncia para beneficio de su cliente. Como Lozoya y su padre negaran en declaración ante fiscalía el haber sido torturados, ésta cerró el caso. Sin embargo, procedió en contra del defensor de Treviño.
El 9 de agosto el juez José Rivas González dio en primera instancia la razón a la Fiscalía y vinculó a proceso a Zamudio.
Este caso ha removido las aguas de despachos de defensores porque hay quien lo ve como un precedente de acoso a abogados por parte de la FGR.
LO QUE VIENE
Se espera que en las próximas semanas la primera sala de la Corte decida si mantendrá vigentes las suspensiones que concedió el ministro Luis María Aguilar Morales para evitar la distribución de los libros de texto gratuitos en el estado de Chihuahua.
El próximo 30 de agosto, a casi 2 años de que Emilio Lozoya permanezca en prisión, se celebrará la audiencia intermedia del caso Agronitrogenados, en la cual se espera que el gobierno federal se sostenga en la postura de no firmar ningún acuerdo reparatorio con el exdirector de Pemex.
En dicha diligencia las partes tendrían que debatir las pruebas que buscan desahogar en la etapa de juicio.
En la audiencia intermedia de Odebrecht la FGR perdió 24 de 48 pruebas que fueron impugnadas por la defensa, mientras que Emilio Lozoya no perdió una sola de sus pruebas, a ver cómo les va en este nuevo encuentro.